UNIVERSAL
jueves 30 de abril de 2015 04:13 PM
Caracas.- La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, se reunió hoy con la directora del Programa para las Américas del Centro Carter, Jennifer McCoy, a quien le aseguró que en el país están plenamente vigentes los Derechos Humanos y que hay independencia de poderes.
En el encuentro, en el que también estuvieron presentes el consultor de esta organización internacional, Dimitris Pantoulas; y al exmagistrado del Tribunal Superior Electoral de Brasil, Torquato Jardim; la jefa del Ministerio Público reiteró que no es política del Estado venezolano la vulneración de los derechos fundamentales y en el caso de que alguna individualidad incurra en violación de los Derechos Humanos se le aplicará la sanción respectiva.
"Creemos en el diálogo y la paz; son nuestras banderas, así como el respeto a los Derechos Humanos", puntualizó Ortega Díaz, según un comunicado de prensa del organismo garante de la legalidad.
La creación de la Unidad Criminalística Contra la Vulneración de Derechos Fundamentales, equipo multidisciplinario que se apoya en los últimos adelantos tecnológicos para presentar resultados científicos y objetivos que permitan el esclarecimiento de crímenes cometidos por policías y militares, fue exhibida por Ortega Díaz como una demostración de esa política respetuosa de los Derechos Humanos del Estado.
La Fiscal General invitó a McCoy y a sus acompañantes a visitar dicha dependencia.
En su informe anual correspondiente a 2014, la funcionaria informó concluyó 11.314 investigaciones relacionadas con ajusticiamientos, torturas, desapariciones forzadas y malos tratos, pero no precisó cómo lo hizo; es decir no precisó cuántas llevó ante los jueces (acusaciones), en cuántas libró a los señalados por considerarlos inocentes (sobreseimientos) y cuántas archivó por falta de pruebas. Sin embargo, sí informó que el año pasado solamente se celebraron 105 juicios por este tipo de crímenes.
Sobre la ola de protestas y represión registrada en el país el primer semestre de 2014, los cuales produjeron 43 muertos y más de 800 lesionados, Ortega Díaz insistió en que tales acciones pretenden desestabilizar a la democracia venezolana y sus instituciones; y aseguró que a los detenidos en esos hechos se les ha garantizado el debido proceso.
De las 238 investigaciones de abusos cometidos por funcionarios durante las manifestaciones, el Ministerio Público cerró 184, archivó 19 y solamente acusó en 13 casos, según un informe presentado en febrero, en el cual también reconoció que solamente 30 uniformados estaban tras las rejas por esos hechos.
La afirmación de Ortega Díaz sobre la independencia de los poderes contrasta con la posición que hasta 2014 mantuvo. "Para que haya independencia en los órganos del sistema de justicia es necesario que llamemos a esos concursos para darle estabilidad a los fiscales", admitió en 2011. En la actualidad más del 60% de los jueces son provisorios y el 90% de los fiscales.
con información de Juan Francisco Alonso
En el encuentro, en el que también estuvieron presentes el consultor de esta organización internacional, Dimitris Pantoulas; y al exmagistrado del Tribunal Superior Electoral de Brasil, Torquato Jardim; la jefa del Ministerio Público reiteró que no es política del Estado venezolano la vulneración de los derechos fundamentales y en el caso de que alguna individualidad incurra en violación de los Derechos Humanos se le aplicará la sanción respectiva.
"Creemos en el diálogo y la paz; son nuestras banderas, así como el respeto a los Derechos Humanos", puntualizó Ortega Díaz, según un comunicado de prensa del organismo garante de la legalidad.
La creación de la Unidad Criminalística Contra la Vulneración de Derechos Fundamentales, equipo multidisciplinario que se apoya en los últimos adelantos tecnológicos para presentar resultados científicos y objetivos que permitan el esclarecimiento de crímenes cometidos por policías y militares, fue exhibida por Ortega Díaz como una demostración de esa política respetuosa de los Derechos Humanos del Estado.
La Fiscal General invitó a McCoy y a sus acompañantes a visitar dicha dependencia.
En su informe anual correspondiente a 2014, la funcionaria informó concluyó 11.314 investigaciones relacionadas con ajusticiamientos, torturas, desapariciones forzadas y malos tratos, pero no precisó cómo lo hizo; es decir no precisó cuántas llevó ante los jueces (acusaciones), en cuántas libró a los señalados por considerarlos inocentes (sobreseimientos) y cuántas archivó por falta de pruebas. Sin embargo, sí informó que el año pasado solamente se celebraron 105 juicios por este tipo de crímenes.
Sobre la ola de protestas y represión registrada en el país el primer semestre de 2014, los cuales produjeron 43 muertos y más de 800 lesionados, Ortega Díaz insistió en que tales acciones pretenden desestabilizar a la democracia venezolana y sus instituciones; y aseguró que a los detenidos en esos hechos se les ha garantizado el debido proceso.
De las 238 investigaciones de abusos cometidos por funcionarios durante las manifestaciones, el Ministerio Público cerró 184, archivó 19 y solamente acusó en 13 casos, según un informe presentado en febrero, en el cual también reconoció que solamente 30 uniformados estaban tras las rejas por esos hechos.
La afirmación de Ortega Díaz sobre la independencia de los poderes contrasta con la posición que hasta 2014 mantuvo. "Para que haya independencia en los órganos del sistema de justicia es necesario que llamemos a esos concursos para darle estabilidad a los fiscales", admitió en 2011. En la actualidad más del 60% de los jueces son provisorios y el 90% de los fiscales.
con información de Juan Francisco Alonso
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